Las personas sordas, a lo largo del tiempo, han incorporado de forma natural las lenguas de signos como respuesta creativa a la limitación sensorial de la sordera. Según la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD), hay más de 70 millones de personas sordas en el mundo y las distintas comunidades han ido creando, en cada país o en cada región, sistemas lingüísticos naturales que han dado lugar a las diferentes lenguas de signos. Todas ellas cumplen con las características formales del lenguaje humano, según todas las investigaciones lingüísticas.
En nuestro país, la lengua de signos española ha sido denominada de distintas formas a lo largo del tiempo pero siempre ha estado marginada hasta años recientes. Sin embargo, la Comunidad Sorda ha protegido y transmitido su patrimonio lingüístico de generación en generación. Así, la lengua de signos española se ha mantenido viva, pese a prohibiciones y obstáculos a través de los años gracias al tesón de las personas sordas como principales usuarias de esta lengua.
Cada vez son más las personas que por motivos personales o profesionales se acercan a la lengua de signos española con la intención de aprenderla: desde las familias con miembros sordos, hasta aquellas que, simplemente, quieren aprender otro idioma, pasando por profesionales de todos los ámbitos, incluidos quienes trabajan en la Administración Pública.
Actualmente, el número de personas usuarias de la lengua de signos española es, aproximadamente, de 400.000 de las cuales 100.000 son personas sordas. Es un idioma utilizado tanto por las personas sordas de España que libremente deciden utilizarla como por las personas oyentes que por razones profesionales, afectivas o familiares se acercan a la comunidad sorda.
Existen multitud de instituciones que defienden las lenguas de signos. Desde el Consejo de Europa a la UNESCO, pasando por las Universidades más prestigiosas del mundo. En 2006, la ONU, a través de su Asamblea General adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se hace una valiosa defensa de las lenguas de signos. En general, todas estas instituciones coinciden en la necesidad de reconocerlas para poder garantizar el pleno acceso de las personas sordas a la educación, los servicios, la vida económica, cultural, política, los medios de comunicación o las nuevas tecnologías.
Nuestro país ratificó en 2007 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insta a los Estados a proteger y respetar sus respectivas lenguas de signos. Hoy nadie parece dudar que defender la lengua de signos española es, además de proteger a una minoría, apoyar el patrimonio cultural de nuestra sociedad.